Siguiendo con aquel anhelado pasado (ver primera parte), un caso paradigmático fue el sector de la construcción; aire de la burbuja financiera estadounidense y motor de la de la economía de países que, como Irlanda y España, fueron considerados grandes éxitos económicos y sociales de la Unión Europea por su modernización y desarrollo en un periodo relativamente corto. En 2008, este sector representaba el 13% de los puestos de trabajo del sector privado de ambos países (cuando, por ejemplo, en Alemania representaba el 5%) y en España fue responsable de la creación de uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo entre el año 2000 y el 2008.¹
Los costes ecológicos de aquella actividad resultaron obvios desde un principio, si bien conviene aclarar que estos costes tuvieron poco o nada que ver con desequilibrios medioambientales. Fue un coste ecológico humano: ni todas las urbanizaciones que seamos capaces de construir (o todas las bombas nucleares que seamos capaces de detonar) son gran cosa para un planeta formado por colisiones y combustiones. No es el planeta el que está en cuestión, sino las condiciones de supervivencia del ser humano sobre el mismo. Así que hablamos de paisajes más que de ecología y de equilibrio mental más que medioambiental; de la triste realidad de que en diez años cambiara el paisaje de pueblos, costas y montañas como no lo había hecho en miles.
Se ha comentado que fue una forma de financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas, a lo que se podría contestar que lo fue más bien de su corrupción, pero aunque parte de los recursos se utilizaran con fines sociales, al examinar los costes históricos del desarrollismo constructor debemos añadir la agonía sufrida por una parte importante de la población ante la destrucción del paisaje. Un desarrollo que no puede ser calificado como evolución; categoría en la que entran aquellos cambios en los que ideas y proyectos se van poniendo sobre el trabajo de décadas y generaciones, pues en este caso no hablamos de ciudades que crecieron o de cascos urbanos de pueblos que, tras estudiar las necesidades de crecimiento de su población, fueron ampliados manteniendo el estilo arquitectónico de las partes primigenias del mismo, sino más bien de ese tipo de desarrollo que es mutación más que evolución y que, primando el beneficio inmediato (¿realmente necesitaba cada pueblo grande un polígono industrial?), ataca a la esencia de nuestra configuración social, cuya base primordial es querer aquello que nos hemos acostumbrado y aprendido a querer. Los paisajes tienen una importante función social; cuando se destacan orgullos nacionalistas, deportivos o económicos, conviene recordar que hay pocos orgullos más sentidos y comunes a toda una población que el orgullo por su paisaje.
Mientras los municipios gastaban fortunas en campañas donde se mostraran virginales parajes, en ocasiones tomando la foto de tal forma que no se viera alguno de los monstruos de cemento en construcción, el contribuyente fiscal a estas campañas estaba expuesto a que en cuestión de meses su excursión favorita fuera masacrada. ¿Un pueblo junto al monasterio de Lluc en Mallorca? ¿Una nueva ciudad deportiva para el Valencia C.F. en Ribarroja? ¿Un hotel en la playa almeriense de Carboneras? En toda la geografía española se produjo un ataque directo a la identificación del individuo con su paisaje, creando un desarraigo y falta de respeto por un desarrollo lógico que se extendió a todas y cada una de las esferas de nuestra sociedad. Cuando nos quejamos de una carencia de cultura del esfuerzo conviene recordar que no hay esfuerzo sin continuidad , ¿y como valorar la continuidad en tiempos en los que este tipo de atentados podían ser perpetrados, sin previo aviso, y en beneficio de un supuesto interés social que siempre comenzaba por un ataque directo al interés particular? La tan habitual petición de respeto a los más jóvenes por el trabajo e ideas de generaciones anteriores sonaba a hipocresía al comprobar que la generación gobernante no lo había mostrado por el paisaje de sus antepasados.
La descrita agonía se vio agravada por la sensación de indefensión legal al intentar evitar unos atentados paisajísticos que era obvio que iban en contra del espíritu de la ley y que, con el tiempo, se demostraría que también lo hacían en contra de la letra. Desgraciadamente, la justicia se mostró lenta en castigar a los culpables e inútil para evitar el objeto de sus culpas, si bien ésta es la desafortunada y obligada diferencia de velocidades entre unas leyes que deben garantizar los derechos individuales y unos políticos que buscaron la protección de los hechos consumados.
Para muchos parajes fue tarde. No lo fue, afortunadamente, para otros amenazados por proyectos detenidos gracias a la condena judicial y social. Una condena esta última desprestigiada por la cantidad de linchadores intelectuales que la ejercen sin rigor (a algunos incluso les pagan por ello), pero que es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad. Como los jueces, los ciudadanos también tenemos la obligación de juzgar de acuerdo a la información disponible; la única diferencia es que los jueces deben hacerlo encorsetados por las leyes y a cambio tienen el poder de imponer condenas. Así que debiéramos indignarnos cada vez que un partido político nos dice que espera a que trabaje la justicia, como si la justicia no debiera trabajar cada día en cada uno de nosotros, cuánto más aún en el caso de partidos que tienen todo tipo de recursos para acceder a la información. La unión de ambas condenas, la social y la judicial, es imprescindible en el cambio de principios y criterios sociales que a su vez cambiarán el tipo de políticos que elegimos. La sociedad y la política son vasos comunicantes y en ocasiones es la política la que moldea a la ciudadanía, mientras que en otras, como en la actualidad, es la ciudadanía la que se prepara, legitimada por una sana y necesaria indignación, a moldear la política cambiando los métodos, ideas y líderes que la gobiernan.
Guía para laberintos 
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