No es extraño que la repercusión del trabajo de años se concentre en un corto espacio de tiempo; en el caso de Wikileaks, cuatro años de trabajo eficiente han eclosionado en ocho meses para recordar. Ocho meses: desde que en Abril de 2010 la página publicó un vídeo que mostraba la masacre de un grupo de civiles iraquíes perpetrada desde un helicóptero de Estados Unidos, contradiciendo la versión oficial del gobierno de este país. No era la primera vez que el gobierno estadounidense sufría las filtraciones de Wikileaks; por filtrarse, incluso se había llegado a filtrar un documento de 32 páginas que trataba sobre como acabar con la plataforma (la conclusión no era sorprendente: atacar la confidencialidad de las fuentes para disuadir a futuras fuentes), pero algo cambió con aquel vídeo: Wikileaks ya no estaba acusando al gobierno americano de no contar toda la verdad, sino de mentir abiertamente.
La centrifugadora comenzó a girar a toda velocidad; la presunta fuente de las filtraciones, un soldado de nombre Bradley Manning, fue arrestado en Mayo de 2010 (aparentemente por indiscreciones propias) y está encarcelado en una base de Kuwait a la espera de juicio; también propias, si bien de naturaleza sexual, han sido las indiscreciones que han llevado a Julian Assange, fundador y cara visible de Wikileaks, a enfrentarse a una extradición a Suecia contra la que lucha desde una cárcel de Londres; todo ésto unido a la estrategia de ahogar económicamente a la plataforma por medio de la cancelación de sus cuentas, bajo la acusación de que ha incurrido en actividades ilegales, sirviéndose de los operadores que canalizan las donaciones en las que se sustenta. ¿Qué escapa a este círculo perverso? El hecho incontestable de que Wikileaks ya se había convertido en el proyecto periodístico de la década antes de que Assange se convirtiera en la persona del año.
Conviene recordar que Wikileaks no es un canal de noticias, sino una fuente; o más concretamente un intermediario tecnológico protector entre la fuente original y los periódicos con los que contactará para que cubran la noticia. Esta forma de operar tiene el beneficio añadido de aportar escrutinio y legitimidad a los documentos que filtra, lo cual no sucedería si Wikileaks se responsabilizara en solitario de la veracidad de los mismos. Así que en el Cable Gate tiene cinco cómplices (El País, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian y The New York Times) a los que el gobierno de Estados Unidos, siendo coherente con su enfermiza lógica, debiera poner en la misma categoría que a Wikileaks y acusarlos de practicar actos ilegales, instando a PayPal, Mastercard, Visa y demás operadores financieros a cancelar las cuentas de dichos medios de comunicación y de sus organizaciones matriz.
Por más que queramos creer en las buenas intenciones de la administración Obama, lo cierto es que un mínimo escrutinio nos lleva a que los mencionados actos ilegales no son más que el eufemismo utilizado por gobiernos corruptos de todas latitudes y épocas para definir aquella información que no pueden controlar. Ya lo intentó la administración Nixon cuando, en 1971, en plena guerra del Vietnam, quiso prohibir la publicación de extractos de los Papeles del Pentágono, un informe de 47 volúmenes clasificado de Alto Secreto sobre la intervención americana en Vietnam. Por entonces el veredicto de los tribunales fue claro: “el gobierno porta una pesada carga (de la prueba) a la hora de justificar cualquier intento de censura”. Pesada carga que nos lleva a la fórmula “de un peligro claro y presente” expresada por el juez Wendell Holmes en 1919 en el caso de Schenk contra Estados Unidos y que limitaba la libertad de expresión e información solamente en “caso de que las palabras utilizadas…crearan un peligro claro y presente que…acarreara los sustanciales males que el congreso tiene el derecho a prevenir, (siendo) una cuestión de proximidad y grado.”
¿Cual es el peligro claro y presente que suponen las filtraciones de Wikileaks? Ya va siendo hora de que la administración Obama se haga responsable de la pesada carga de la prueba que, como ya hemos visto, le confiere la jurisprudencia estadounidense; hasta entonces, será su gobierno, y no la organización dirigida por Assange, el que estará incumpliendo las leyes de la república a la que representa.
